• Jujuy

    8 de enero de 2020

    Pronunciamiento sindical sobre el protocolo de atención de Violencia de Género

    Preocupa que una propuesta de exclusión pueda tener la finalidad de retacearles efectiva intervención sobre la problemática a gremios.

    Las Áreas de Género de APUAP, ATE- Jujuy, SADOP y CTA Autónoma jujeña realizaron un sostenido trabajo para el abordaje de situaciones de violencia de género en el mundo del trabajo. Entre otras acciones, elaboramos el Proyecto de Ley que establece la licencia para trabajadoras víctimas de violencia de género, que hoy es Ordenanza Municipal (N°7336), y para cuyo tratamiento por parte del gobierno provincial en la Legislatura hemos recolectado más de 7 mil firmas.

    Por tal motivo, la noticia de la presentación del Protocolo de Actuación sobre la Violencia de Género en el ámbito de la Administración Pública de la Provincia de Jujuy les genera algunas reflexiones, interrogantes y preocupaciones.

    A través de un comunicado de prensa la sectorial explicó que “el Protocolo constituye, en sí, un hecho positivo en tanto, cómo lo plantea el documento, es una herramienta para “garantizar acciones de prevención, actuación y reparación en casos de Violencia de Género en el ámbito laboral.

    Al respecto sabemos que los protocolos pueden ser instrumentos útiles, solo y en tanto, exista la firme decisión política para erradicar la violencia de género, sin conciliaciones. De lo contrario, ocurrirá lo que sucede con un número importante de estos, devienen en letra muerta, al igual que las leyes sin presupuesto.

    Nos preguntamos, ¿por qué motivos se ha excluido a los sindicatos en su elaboración y en el eventual seguimiento de su efectiva aplicación? Mas allá de reafirmarnos un estilo de gobernar que es recurrente, consideramos que este tipo de herramientas deberían elaborarse en consulta y consenso con quienes intervienen en la problemática. Los sindicatos, y sus áreas de género, receptamos dichos casos y conocemos sus impactos, ya que hablamos de situaciones de violencia que se dan en el ámbito laboral.

    Nos preocupa que dicha exclusión pueda tener la finalidad de retacearles efectiva intervención sobre la problemática a las organizaciones sindicales. En este sentido, es legítima, en función de nuestra experiencia hasta el momento, la preocupación de que la patronal se constituya en juez y parte, ya que el Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género será el órgano rector que aplique el presente protocolo en articulación con otros organismos de la administración pública provincial (artículo 4), sin intervención de las organizaciones que velan por los derechos de las trabajadoras y que son los principales receptores de los reclamos.

    Los gremios tenemos conocimiento certero de que la violencia laboral en la Administración Pública provincial viene creciendo en los últimos años. En muchos de estos casos existe interseccionalidad, es decir, son casos donde se conjugan violencia laboral y de género, entre estos el acoso sexual.

    Los casos denunciados, con valor, por las trabajadoras del Ministerio de Trabajo y el Ministerio Público de la Acusación son la punta, más escandalosa y repudiable, de un iceberg que por debajo contiene un número importante de otros casos, sobre los cuales las áreas de género hemos intervenido en 2019. Nos referimos a casos como el de Fiscalía de Estado, a cargo del Dr. Mariano Miranda, donde la víctima de violencia convivió durante meses con el acosador sexual, situación que la revictimizaba una y otra vez. O casos paradojales como los hechos de maltrato laboral en la Secretaria de Paridad de Género, específicamente en la Dirección de Violencia, a cargo de la Dra. Natalia Segovia. A estos se suman otros casos en las Áreas de Salud y Educación.

    Por lo expuesto podemos decir que la violencia laboral y de género en la Administración Pública (cómo también en el ámbito privado) es un tema emergente, que nos preocupa y nos ocupa; y que debería ser abordado, desde los gobiernos, dándoles voz a los diversos actores involucrados en su abordaje: los gremios y sus áreas específicas, las trabajadoras/es, las organizaciones de mujeres y las víctimas.

    Mediante estos mecanismos democráticos el Estado podrá generar herramientas eficaces para cumplir con la función de garante de una vida libre de violencia, dando cumplimiento efectivo a la legislación vigente.

    Por último, consideramos que no pueden integrar los gabinetes gubernamentales funcionarios sobre los que recaen denuncias de violencia y/o acoso. Es deber de las autoridades garantizar, sin vacilaciones, su apartamiento, dando muestra del compromiso asumido con el presente Protocolo. Por esta razón, reiteramos el pedido de renuncia del actual Ministro de Trabajo Jorge Cabana Fusz (hoy en ejercicio de su licencia) como también del Fiscal General Sergio Lello Sánchez; reclamo interpuesto ya por numerosas organizaciones de mujeres y centrales de trabajadores/as”.

    ATE Jujuy


    Relacionados